El problema no es que existan en España tendencias balcanizantes.
Esto es bastante común. El problema es que las fuerzas políticas no
balcanizantes, que son mayoritarias y dicen que constitucionalistas, han sido
incapaces de ofrecer un frente común que neutralice la balcanización y le
impida seguir destruyendo el ordenamiento constitucional. Una democracia no
puede integrar cualquier tendencia que surja en el horizonte y, desde luego, no
puede sostenerse en un Estado que alimenta estructuras que trabajan para su
propia destrucción. Nuestras élites políticas hoy y en la Transición ignoran
las lecciones de la historia. Que la Primera República acabó en un fenómeno de
cantonalización esperpéntico y peligroso, y que a la Segunda República, entre
otros factores, la llevó a una situación insostenible el secesionismo catalán.
Pero todavía Azaña tuvo arrestos para hacer lo que no hizo Rajoy en idéntica coyuntura.
La idea de las autonomías comienza a cobrar prestigio en España con una serie de artículos que publica Ortega entre noviembre de 1927 y febrero de 1928 y que luego aparecieron bajo la forma de libro con el título 'La redención de las provincias' en 1931, el año de proclamación de la Segunda República, pero la idea había sido ya esbozada en otro texto que vio la luz en 1924 y que se tituló 'Dislocación y articulación de España'. Desde entonces ha rodado un siglo. Incrustada esta idea en la Segunda República, ya sabemos lo que pasó y en la monarquía parlamentaria actual también lo estamos viendo. Ha provocado una auténtica disgregación de Estado. El régimen de las autonomías, tal y como está, lleva a un callejón sin salida. La propuesta federal, que ya ha sido ensayada con el éxito que conocemos, no es más que un ahondar en lo mismo, sobre todo porque las autonomías son ya un régimen federal (cambio de palabra nada más), de manera que queda poco or disgregar y repartir; los meros símbolos y poco más, y aun esto ofende. Es más, las autonomías están planteadas desde su principio como un sistema confederal asimétrico , que es uno de los errores más graves que tiene en su interior la Constitución de 1978, que es una buena Constitución y que debe ser defendida.
La Constitución de 1978 necesita principalmente tres modificaciones:
1. Resolver la desigualdad que consagra en su articulado al referirse a "regiones y nacionalidades" (artículo 2) y al conceder en la Disposición Adicional I derechos históricos a los territorios forales. Esto en la práctica ha llevado a la confederación asimétrica. Solo hay un régimen autonómico capaz de estabilizarse: el que garantice igualdad entre todos los españoles. Lo contrario es seguir sembrando vientos.
2. La reforma constitucional debe ir en el sentido del Estatuto Único para todos los territorios, con un marco competencial establecido en la propia Constitución e inamovible, de tal manera que sea imposible comprar investiduras y apoyo parlamentario para los Gobiernos que no tengan mayoría suficiente, sean de derechas o de izquierdas, con paquetes de transferencias, o sea, con millones de euros.
3. El Estado tiene que recuperar competencias esenciales, principalmente la educación. Hace más de veinticuatro años que en España se educa de forma abierta en colegios e institutos a los niños y adolescentes para que no sean españoles. Es imperativo desmantelar las estructuras en el exterior que han ido creando una autonomía tras otra. La política exterior tiene que ser exclusiva del Gobierno central.
La idea de las autonomías comienza a cobrar prestigio en España con una serie de artículos que publica Ortega entre noviembre de 1927 y febrero de 1928 y que luego aparecieron bajo la forma de libro con el título 'La redención de las provincias' en 1931, el año de proclamación de la Segunda República, pero la idea había sido ya esbozada en otro texto que vio la luz en 1924 y que se tituló 'Dislocación y articulación de España'. Desde entonces ha rodado un siglo. Incrustada esta idea en la Segunda República, ya sabemos lo que pasó y en la monarquía parlamentaria actual también lo estamos viendo. Ha provocado una auténtica disgregación de Estado. El régimen de las autonomías, tal y como está, lleva a un callejón sin salida. La propuesta federal, que ya ha sido ensayada con el éxito que conocemos, no es más que un ahondar en lo mismo, sobre todo porque las autonomías son ya un régimen federal (cambio de palabra nada más), de manera que queda poco or disgregar y repartir; los meros símbolos y poco más, y aun esto ofende. Es más, las autonomías están planteadas desde su principio como un sistema confederal asimétrico , que es uno de los errores más graves que tiene en su interior la Constitución de 1978, que es una buena Constitución y que debe ser defendida.
La Constitución de 1978 necesita principalmente tres modificaciones:
1. Resolver la desigualdad que consagra en su articulado al referirse a "regiones y nacionalidades" (artículo 2) y al conceder en la Disposición Adicional I derechos históricos a los territorios forales. Esto en la práctica ha llevado a la confederación asimétrica. Solo hay un régimen autonómico capaz de estabilizarse: el que garantice igualdad entre todos los españoles. Lo contrario es seguir sembrando vientos.
2. La reforma constitucional debe ir en el sentido del Estatuto Único para todos los territorios, con un marco competencial establecido en la propia Constitución e inamovible, de tal manera que sea imposible comprar investiduras y apoyo parlamentario para los Gobiernos que no tengan mayoría suficiente, sean de derechas o de izquierdas, con paquetes de transferencias, o sea, con millones de euros.
3. El Estado tiene que recuperar competencias esenciales, principalmente la educación. Hace más de veinticuatro años que en España se educa de forma abierta en colegios e institutos a los niños y adolescentes para que no sean españoles. Es imperativo desmantelar las estructuras en el exterior que han ido creando una autonomía tras otra. La política exterior tiene que ser exclusiva del Gobierno central.
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